Menores tras las rejas

Cada mañana, Axel se levanta y ve un Mickey Mouse que se mete los puños en los ojos y sangra. Es un dibujo pintado en la pared de su celda del Centro de Recepción y Contención de Menores de Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, en el noroeste del conurbano. Ahí, Axel duerme en un colchón en el piso. Sabe que las cucarachas caminan por las paredes como si estuvieran en su casa. Lo que no sabe es cuánto tiempo va a estar ahí ni cuánto tiempo más podrá vivir así.

Son tres en esa “pieza”, porque desde que se ahorcó Maxi en una celda del mismo módulo ya no dejan que nadie duerma solo. “Es que acá pensás mucho”, dice Axel. Y confiesa que extraña a su papá y a su hermanita, que murieron en un accidente; a su mamá, que tampoco está, y a su madrina, que lo visita cada fin de semana, durante las únicas tres horas que puede recibirla.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los 619 jóvenes que están en los 27 centros cerrados bonaerenses viven una “situación carcelaria” aun cuando la ley no permite que los menores de edad estén presos. En el informe “El sistema de la crueldad”, que realiza cada año la CPM a partir de las inspecciones periódicas de estos sitios, se lee: “Existe una ausencia total del «acceso a derechos» y de la posibilidad de pensar proyectos de vida que potencien sus posibilidades de transformación. Los centros son verdaderas cárceles para niños y niñas”.

Aunque desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia dicen “respetar” la postura de la CPM, insisten en que decir que los centros son “una cárcel” significa restarle importancia al trabajo de mucha gente. “Cuando la condena de los jóvenes se extiende más allá de los 18 años muchos jueces solicitan a Niñez y Adolescencia que los adolescentes continúen en nuestros dispositivos y no en los del Servicio Penitenciario. Es decir, para la Justicia tampoco son comparables ambos sistemas”, explica Felipe Granillo Fernández, subdirector de Responsabilidad Penal Juvenil.

“El Estado llega cuando es demasiado tarde”, admite Pilar Molina, directora del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

La fijación del “límite”

En el centro de Pablo Nogués viven 52 jóvenes de entre 16 y 20 años. En 2005 se construyó el edificio, que tenía cuatro módulos. Un año después, eran tres. El que quedó inhabilitado tenía problemas de cloacas.

Leonardo Meza, asistente de minoridad, o “maestro”, como le dicen los chicos, abre la puerta de hierro. Las cucarachas se esconden, pero no tan rápido como para no ser vistas. Nico sale. Adentro quedan las paredes empapeladas con tapas de revistas con mujeres desnudas, el cielorraso lleno de rombos de colores. En otras celdas no hay imágenes femeninas: las reemplazan las de equipos de fútbol o el Mickey que sangra. Pero hay dos cosas que están siempre: el santuario del Gauchito Gil y las cucarachas.

Si a sus hijos les llega a tocar “estar presos siendo menores”, Meza quiere que tengan un buen trato, sin agresiones físicas ni psicológicas. Porque sabe, por su paso por varios centros cerrados en los once años que lleva trabajando de esto, que en la mayoría “si el menor no se atiene a las reglas el límite es la fuerza. Acá, en cambio, la premisa del límite es la palabra, pero si no se lo puede sostener se les da el pase a otro instituto, donde el límite es el golpe”.

Nico está en recreación, una habitación con cuatro mesas y ocho bancos de cemento donde los de su módulo comen, hablan, toman mate. Esperan: cuatro meses, dos años, un tiempo que no conocen, a que la Justicia decida si son culpables o no.

La de Pablo Nogués, sin embargo, no es la misma realidad que en otros centros. Ninguno es igual a otro. Los que acá llaman “maestros” en otros lugares son “la yuta”, lo más parecido a la figura del personal del Servicio Penitenciario. También varían los talleres que se ofrecen: acá hay teatro, boxeo, serigrafía y más. En otros, uno solo, o a veces nada.

Historia de privaciones

“A partir de las inspecciones y de las entrevistas realizadas en los centros de detención para personas menores de edad nos encontramos con niños, niñas y adolescentes que nos relatan historias de privaciones, inequidades, falta de oportunidades”, dice el informe de la Comisión Provincial por la Memoria en su capítulo de Políticas de Niñez.

Tres horas. Ése es el tiempo que tienen, por semana, para ver a sus familias. Y en esas horas no pueden ir al baño. “A mí me traen dos gaseosas, tomamos con mi vieja dos termos de mate y me dan ganas de mear. Pero si voy al baño se corta la visita…”, dice Juan, sentado en el banco del aula que funciona como escuela. En las horas de visita, los módulos se mezclan: “Porque la familia se respeta”, explica. En su mesa hay una fotocopia de inglés.

Es difícil, dice la profesora, dar bien la currícula. Enseña un plurigrado que cambia de alumnos cada mes. Unos entran en marzo y se van en junio. Porque esas decisiones las toma la Justicia. Otros entran en septiembre y tienen que intentar seguir el ritmo que traen los demás.

Desde su banco, Juan cuenta cómo es su rutina y dice que, salvo en la visita, no se pueden cruzar con los chicos de los otros dos módulos y que por eso hay días que pueden estar “engomados” -encerrados en sus celdas- desde las tres de la tarde hasta las nueve de la mañana siguiente.

Más allá de algunas diferencias, hay una cosa en la que Leonardo Meza, el asistente de minoridad, es determinante: “Se dice instituto, pero esto, en verdad, es una cárcel”.

 

Nota publicada en el diario La Nación (Argentina)

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/1890627-menores-tras-las-rejas-la-situacion-critica-de-los-institutos-bonaerenses

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